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El Gobierno evaluará el informe del sistema de Playas Magdalena-Peligros antes de adoptar una posición

El Ejecutivo cántabro adoptará una decisión sobre la polémica obra de estabilización del sistema de playas Magdalena-Peligros, que se paralizó en septiembre de 2018, una vez que las diferentes unidades del Gobierno, con competencias afectadas, evalúen el documento que hoy les ha entregado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Así lo ha comunicado el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, quien ha asistido esta mañana a una reunión, en la Delegación del Gobierno de Cantabria, donde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) sobre la situación de estas playas tras la paralización de las obras de los espigones y las diferentes alternativas de futuro propuestas.

En la reunión han estado también presentes la alcaldesa de Santander, Gema Igual y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, entre otros.

El estudio presentado hoy trata de dar respuesta a las controversias producidas en torno a la construcción de los diques de contención de arena, que cuestionaban la necesidad o no de la existencia de tales diques para el mantenimiento de la playa.

En él se analizan las alternativas planteadas tanto por el Parlamento de Cantabria, con la reversión del proyecto, como del ayuntamiento de Santander quien solicita la adecuación de los diques para su uso como zona de esparcimiento y la bajada de la cota proyectada.

El informe emite una serie de conclusiones que deberán valorarse ante la discusión de si se desea o no tener playa en la zona, dados los costes ambientales y económicos de cada una de las alternativas propuestas.

Jesús Oria se ha comprometido a trasladar el documento al Gobierno de Cantabria para su análisis y, desde aquí, darle traslado al Parlamento de Cantabria.

La posición final del Gobierno será comunicada al propio secretario de Estado, Hugo Morán, en el plazo máximo de 10 días como así lo ha solicitado este.